por Iván Peralta
Recalentado
Al final, como consignamos ayer por la mañana, resultó ser un parche menor y el delito de ultrajes a la autoridad continúa vigente en Veracruz, a menos que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diga lo contrario.
Con 33 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, los diputados de la fracción mayoritaria de Morena y sus aliados sólo modificaron las fracciones II y IV del artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz pero no derogaron el delito ultrajes a la autoridad, tal como lo demandaban líderes de la oposición, colegios y barras de abogados veracruzanos e inclusive el propio coordinador de su partido en el Senado, Ricardo Monreal.
La forma y los modos ofendieron a más de uno; ayer, Anilú Ingram Vallines, la diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señaló que la reforma al delito de ultrajes a la autoridad, aprobada por la mayoría morenista, es violatoria a los Derechos Humanos, una farsa.
“El dictamen que votaron a ciegas y sin el más mínimo remordimiento, no deroga el artículo, sino solo dos fracciones; es decir, fue a medias. Uno de sus principales argumentos es que el ultraje ya existía, y claro que existía, no con esta redacción y amplitud de acción como ellos lo reformaron, pero aquí es donde pregunto ¿no le prometieron al pueblo acabar con todo lo que se hizo mal en el pasado? Y ahora resulta que uno de sus principales argumentos para no derogar por completo el artículo violatorio de Derechos Humanos, es que ya existía. Háganme el favor”, consideró.
En sesión extraordinaria celebrada este domingo, la también Coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso Local, reconoció a su compañero Marlon Ramírez Marín por la férrea defensa que hizo para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, con argumentos sólidos de Colegios de Abogados y Juristas especializados.
“Reconozco su entrega y compromiso, no firmó el dictamen, por ser abiertamente una trampa”, abundó y recordó que hoy, de acuerdo con cifras oficiales más de mil veracruzanas y veracruzanas están siendo procesados por este delito, que está por encima del derecho a la vida misma, a la libertad y coartándolos de defenderse legítimamente.
Expuso que estos más de mil ciudadanas y ciudadanos viven un infierno, y si no se hace algo urgente para que esto pare, todas y todos estamos en una situación de vulnerabilidad ante una autoridad que prefiere tener el papel de víctima, antes de hacer su trabajo, que es el de garantizar la seguridad pública de nuestro estado.
Por último, Ingram Vallines insistió que en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de esta Legislatura, el dictamen aprobado dejó mucho que desear.
Chelada
Ayer se supo que el gobernador Cuitláhuac García envió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no echen abajo este delito en el estado de Veracruz, mediante el cual han logrado mantener en prisión a jefes de plaza y sicarios de grupos criminales.
De acuerdo con el mandatario veracruzano, la Suprema Corte creará un vacío legal si declara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, contemplado en el artículo 331 del Código Penal del estado de Veracruz.
“Se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrá sancionar con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos, en consecuencia, podría suceder un incremento en las agresiones a quienes ejercen funciones de seguridad pública”, cita su misiva García Jiménez.
En su carta a los ministros de la SCJN, el gobernador de Veracruz asegura que el delito protege el ejercicio de las funciones de elementos de Seguridad Pública, quienes, dijo, están expuestos a amenazas y agresiones.
“El texto normativo de este tipo penal es preciso y claro, toda vez que mandata que se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión a quien agreda o amenace a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, expuso el Ejecutivo estatal en su misiva.
Cuitláhuac García consideró que el hecho causará un precedente a nivel nacional debido a que el delito de ultrajes a la autoridad se encuentra en la mayoría de los códigos penales de los estados de la república.
El gobernador de Veracruz envió la carta a la Suprema Corte de Justicia horas antes de que el Congreso del Estado debatiera este domingo en sesión extraordinaria la derogación de las fracciones II y IV del artículo 331 del Código Penal de Veracruz.
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) sesionará este lunes 28 de febrero para discutir la constitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.