por Iván Peralta
Sopa de médula
El delegado de los programas federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, no se aguantó las ganas y ya se enroló en la pinta de bardas para posicionarse electoralmente de cara al proceso electoral del 2024 en el que, dicen sus biógrafos, lleva mano para integrar la fórmula de candidatos rumbo al Senado de la República.
En distintos puntos de la entidad se pintaron bardas en las que se aprecia un corazón y una mano, acompañados de las iniciales MH y la palabra “Si” y a un costado la leyenda: Por honestidad, no miento, no robo, no traiciono”, desde luego en los tonos ocres del partido Morena.
Éste simple hecho, nos cuentan, hizo que en el Palacio Legislativo de la avenida Encanto montaran en cólera, pues ahí también se sienten con el derecho de buscar la curul en el hemiciclo del Paseo de la Reforma y pues parece que sintieron como una ofensa que el rollizo funcionario federal se atreviera a abrirse de capa.
Ya en varias ocasiones, Huerta ha reconocido que su nombre estará en las encuestas que eventualmente definirán las nominaciones en el 24, le pese a quien le pese.
Sin embargo, no fue hasta la aparición de estas pintas que ayer en Xalapa comenzó a mascarse la posibilidad de que se le inicien procesos administrativos por la proselitismo anticipado y, presumiblemente, con recursos públicos aprovechándose del puesto que desempeña.
Bacalao
El ex alcalde de Sayula de Alemán, el perredista Fredy Ayala González registró un presunto daño patrimonial de más de 15 millones de pesos, en el último año de su gestión.
De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2021, dado a conocer por el Órgano de Fiscalización Superior, se detectaron tanto irregularidades en la obra pública como observaciones de tipo financiero, es decir del manejo y disposición directa de los recursos públicos.
Precisamente, resalta la observación número FM-144/2021/007 DAÑ, donde el Orfis detectó que el ayuntamiento de Sayula de Alemán efectuó erogaciones que no fueron comprobadas entre las cuales están combustible, gastos por comprobar, el servicio telefónico, gastos en el DIF, acarreo de material, compra de luminarias, compra de una llanta, compra de cemento y compra de toner, entre otros.
Resalta, que incluso se hicieron pagos en efectivo, pero no se indica quiénes son los beneficiarios, además que resalta que un día se pagaron 46 mil pesos de viáticos al alcalde Fredy Ayala González, de lo cual tampoco existe comprobación de que efectivamente realizó algún viaje que requiriera tal monto en representación del ayuntamiento de Sayula.
Como “gastos a comprobar” aparece más de 25 veces el concepto y los montos oscilan entre los 10 mil y los 105 mil pesos, donde el Orfis indica que la Tesorería de Sayula de Alemán únicamente puso ese concepto, pero no existe ni comprobación, ni certeza en qué se utilizaron los recursos públicos.
En cuanto a la obra pública resalta la observación número TM-144/2021/004 DAÑ la cual es derivado de la obra de construcción del Auditorio Municipal en la localidad El Refugio.
El Orfis determinó que la obra está sin terminar, además que cuenta con diversas irregularidades, como el hecho que se construyó sobre un predio que no es propiedad del ayuntamiento.
Polvorón
Les cayó el chahuistle… Este lunes la Secretaría de Fiscalización del Congreso local inició la auditoría al ayuntamiento de Ayahualulco.
Con la auditoría, desde el Congreso local se aplicará la revisión y análisis financiero, así como técnico del ejercicio de los recursos asignados al ayuntamiento, por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del presente año.
La notificación prevé un exhorto al munícipe, a quien se le solicitó que gire las instrucciones necesarias a efecto de brindar todas las facilidades a los auditores, a fin de que tengan acceso a los lugares objeto de la visita o inspección.
Además, se deberá poner y mantener a disposición de los representantes del Congreso local los libros, registros, sistemas, bases de datos y demás información vinculada con la Tesorería a efecto de cumplir con las acciones de fiscalización.
Dicha fiscalización fue ordenada por la Comisión Permanente de Vigilancia, tras la solicitud de una auditoría hecha por pobladores y por el regidor único, Iván Edilberto Munguía Vargas.