por Iván Peralta
Tripa
Ocho estados del país, entre ellos Veracruz, concentraron durante el presente año el mayor número de atrocidades, según la organización civil Causa en Común.
En la última entrega del estudio “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, Causa en Común reveló que, de enero a agosto de 2022, se han cometido en el país, al menos, cuatro mil 134 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades.
Se trata del uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
De enero a agosto de 2022, se registraron al menos 342 masacres; mil 144 casos de tortura; 562 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 525 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; y al menos 247 asesinatos de niñas, niños y adolescentes.
En promedio se registraron 17 atrocidades cada día, un incremento del 13% en comparación con el mismo periodo del 2021, pasando de 3,655 a 4,134.
El 50 por ciento de las atrocidades se concentraron en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Zacatecas.
En Veracruz ocurrieron al menos 197 atrocidades, entre ellas: al menos 18 masacres, 3 periodistas asesinados, y al menos 37 casos de asesinato de mujeres con crueldad extrema.
El 2022 se ha convertido en el año con más asesinatos de periodistas en México con al menos 16 casos.
Surtido
El horror… Como parte de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), continúa la búsqueda del ex candidato a la alcaldía de Poza Rica, Fernando “N”, señalado de presuntamente asesinar a uno de sus hijos, un menor de tres años de edad.
Aunque autoridades han mantenido hermetismo, desde el fin de semana se desplegó un operativo para la búsqueda del ex candidato de “Todos por Veracruz”, su esposa y dos hijos más.
Hasta el momento solamente se conocen las sospechas de familiares y vecinos de la vivienda de Fernando “N”, quienes indican que el hombre habría asesinado a su hijo de tres años, pues escucharon disparos y posteriormente observaron al sujeto salir del inmueble cargando un bulto envuelto en color negro.
Los hechos ocurrieron en la calle Matamoros esquina con Miguel Hidalgo, de la colonia Tepeyac, a donde acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal para tomar conocimiento sobre los hechos.
Dentro del inmueble encontraron casquillos de arma de fuego, un altar a la Santa Muerte pero no manchas de sangre ni algún cuerpo. Presumen que este acto lo habría hecho bajo los influjos del alcohol o alguna sustancia estupefaciente.
Chicharrón
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa confirmó el pago de una sanción de 325 millones 211 mil pesos al ex director del Seguro Popular en Veracruz durante la era duartista, Jorge Alberto Shadid Manzur.
Dicha sanción la aplicó la Auditoría Superior de la Federación al ex funcionario estatal, al considerar que durante su gestión no utilizó los recursos del Seguro Popular para el funcionamiento y objetivos de dicha infraestructura y servicios que brindaba servicios médicos a los veracruzanos.
El ex funcionario duartista recurrió a dicho Tribunal con la esperanza de que la sanción impuesta le fuera retirada, y por el contrario pedía que lo indemnizaran por los servicios prestados.
Sin embargo, el pleno del tribunal aprobó el proyecto que asumió el magistrado, Guillermo Valls Esponda, quien señalo que el ex funcionario es responsable directo por omitir, administrar y ejercer los recursos asignados al régimen estatal de protección social en salud del estado de Veracruz correspondientes a la cuota social y a la aportación solidaria federal de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable para su ejercicio.
El Tribunal estableció que se realizaron transferencias bancarias de la cuenta administradora de los recursos del Seguro Popular del ejercicio 2015 a diversas cuentas a nombre del estado de Veracruz que administraban otra clase de recursos, sin acreditar que éstos fueran aplicados a los objetivos del referido programa o reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Por esa razón se le condenó al pago de 325 millones 211 mil pesos por daños causados a la hacienda pública federal.