por Iván Peralta
Pellizcadas
Que si son… Por mayoría de cuatro votos, el pleno del el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como otros 17 gobernadores de Morena y sus aliados, sí cometieron delitos electorales durante el proceso de revocación de mandato.
En su proyecto el magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió al Tribunal velar por el cumplimiento de la Constitución y que este desaliente el futuro incumplimiento de la ley.
Se estableció que los mandatarios morenistas sí violaron el principio de paridad a través de un desplegado a favor del presidente Andrés López Obrador frente al Parlamento Europeo, así como 98 publicaciones en Twitter donde resaltaron los “logros del gobierno, relacionados con beneficios y compromisos del movimiento en el que se identifican”.
El minsitro Felipe de la Mata Pizaña propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitiera los lineamientos por los cuales se retire el modo honesto de vivir a los 18 gobernadores, lo que se les evitaría a participar en próximas elecciones. No obstante, sus compañeros optaron por no acompañarlo en este sentido, pues consideraron que el órgano electoral no tiene la facultad para ello.
Por lo anterior, el pleno ratificó la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, en la que señaló que sí existió la emisión de propaganda gubernamental durante el proceso de la revocación de mandato, pero optó por no vincular el caso al INE y, en cambio, mejor dirigirlo a un órgano jurisdiccional para que decida la sanción.
El proyecto de resolución dio cuenta de 98 violaciones al proceso electoral, de las cuales 15 son de la jefa de Gobierno, 13 del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; 10 de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas; 10 más del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha; nueve de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y nueve también de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.
Queso de bola
Aunque el presunto feminicida Marlon Botas se encuentra ya recluido en Pacho Viejo, donde permanecerá al menos los próximos dos años de prisión preventiva, está historia tiene aún tela de donde cortar e, incluso, se sabe que pudieran darse nuevos involucrados directamente e indirectamente.
Incluso, pudieran abrirse carpetas paralelas, pero eso se definirá en las próximos días.
De inicio, hoy se sabe que los abogados sondearon en más de un par de veces la posibilidad de un trueque con la Fiscalía General del Estado (FGE), una negociación extrajudicial, un acuerdo o salvoconducto, pero no encontraron respuesta a sus pretensiones.
Ésta versión se refuerza también con una de sus últimas maniobras, cuando se escondía en un punto que se presume era el estado de Morelos, y publicó un video en el que sugirió una negociación para su entrega a cambio de la libertad de sus padres.
Incluso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ensalzó a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, a quien le reconoció que la presión ejercida por la FGE durante meses con cateos y diversas diligencias, orillaron a Botas Fuentes a entregarse.
Se sabe que Marlon Botas llegó el viernes pasado a la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sus abogados lo trasladaron en un auto particular desde el centro del país y su argumento de entregarse en la CEDH fue por su temor a ser torturado, por lo que, desde entonces, se inicio un protocolo de vigilancia.
Jamoncillo
Éste jueves, el Congreso realizará la sesión ordinaria foránea, y lo hará en el puerto de Coatzacoalcos.
Por cierto, hay luz verde para que a la brevedad se dictamine la iniciativa presentada por la diputada Anilú Ingram, que ya se conoce como la Ley Monse, y con la que se busca
reducir el círculo de apoyo a delincuentes, especialmente a los feminicidas.
En estricto apego al reglamento interno, se tienen poco más de dos semanas para analizar, dictaminar y presentar al pleno el documento, según lo establece su artículo 66.
El reglamento determina que las comisiones unidas emitirán su dictamen dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que hayan recibido el expediente, tomando en cuenta la agenda legislativa y la trascendencia e importancia del asunto en cuestión.