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7 mayo, 2024
Opinion

RECETARIO

por Iván Peralta

 

Tripa

 

Ya se sabía… Los índices de violencia contra periodistas indican que México es el segundo peor país para ejercer periodismo sólo por detrás de Ucrania, donde se está librando una guerra desde mediados de febrero, alertó Human Rights Watch (HRW) ayer, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

 

La organización de derechos humanos señaló que, en lo que va del año, en México han sido asesinados ocho periodistas, cifra que ya rebasó a los fallecidos en todo 2021. El número de comunicadores asesinados no se ubica muy lejos de Ucrania, donde al menos van 12 homicidios en cobertura, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

 

De acuerdo con HRW, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en México han sido asesinados un total de 33 periodistas, según el seguimiento en el conteo de asesinatos que da la organización Artículo 19.

 

Por lo anterior, HRW ha hecho un llamado al mandatario para adoptar medidas urgentes para fortalecer el mecanismo de protección del gobierno federal, cesar el hostigamiento a periodistas que critican al gobierno y asegurar que los fiscales pongan fin a la impunidad.

 

“Este año va en camino a convertirse en el más letal de la historia para los periodistas en México. El presidente López Obrador no solo ha abordado la violencia contra la prensa, sino que además sigue utilizando sus conferencias mañaneras para hostigar e intimidar a periodistas”, dijo el investigador para las Américas de HRW, Tyler Mattiace.

 

De igual manera, la ONG indicó que en México gran parte de los crímenes que se cometen quedan impunes, incluyendo los asesinatos de periodistas.

 

De acuerdo con lo anterior, de las 105 investigaciones sobre atentados contra periodistas por parte de la Fiscalía Especial para Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde que fue creada en 2010, solamente seis han resultado en condenas por homicidio.

 

Suadero

 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dio la autorización a Pemex Exploración y Producción (PEP), modifique el plan de exploración de la Asignación AE-0386-4M-Miahuapan.

 

La asignación terrestre AE-0386-4M-Miahuapán, con una superficie de 158.61 kilómetros cuadrados, se localiza en el estado de Veracruz, aproximadamente a 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, en la Provincia Petrolera Tampico-Misantla.

 

Actualmente, está en el segundo periodo adicional de exploración, que finalizará en septiembre de 2022.

 

La modificación del plan de exploración se debe a un cambio en el número de pozos a perforar, así como los estudios exploratorios.

 

Con la modificación al plan, en este segundo periodo adicional de exploración, con escenario operativo único, se considera realizar un estudio exploratorio, la perforación de un prospecto, y una inversión total para el proyecto de 9.99 millones de dólares.

 

Con estos cambios, el asignatario identifica que de llevarse a cabo permitirían acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del área de asignación.

 

Conforme a lo estimado por PEP, y ante el eventual éxito exploratorio de la perforación del prospecto, existe la posibilidad de incorporar recursos de hasta por 5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

 

Lengua

 

La organización Equifonía advirtió que hay un retroceso en el combate al embarazo en niñas en Veracruz, pues a pesar de que las menores acudían a servicios de salud del estado, no se les practicó un aborto.

 

La asociación sostiene que en 2021 hubo 668 niñas que fueron madres y el 90 por ciento de estas no contaba con seguridad social, por lo que en su mayoría fueron atendidas por los Servicios de Salud de Veracruz.

 

Además, el 90 por ciento de las niñas embarazadas acudieron a control prenatal en algún momento de su embarazo, y el 53 por ciento acudieron de manera oportuna de tal manera que recibieron control prenatal de primera vez durante el primer trimestre.

 

Es decir, aproximadamente 365 niñas buscaron atención en el momento adecuado en el cual los servicios de salud tenían la obligación y oportunidad de aplicar la normatividad en la materia y ofertar servicios de consejería para Interrupción Voluntaria del Embarazo e iniciar con ello los primeros servicios de restitución de derechos y reducción de daños de las niñas, y no lo hicieron.

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