El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) notificó a la Cámara de Diputados que el exsecretario de Gobierno Rogelio “N” no puede asumir su encargo como diputado federal plurinominal, debido a que está sujeto a dos procesos por cuatro delitos diferentes.
Dichos procesos merecen cada uno de ellos pena privativa de libertad, situación que lo imposibilita para asumir sus funciones.
La magistrada presidenta del PJEV, Isabel Romero Cruz, notificó lo anterior al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, el pasado 31 de agosto, a través del oficio 0591/2021, luego de que se requirió información sobre el perredista, quien no pudo acudir a la toma de protesta en la sesión constitutiva de la LXV Legislatura.
El Poder Judicial detalló además que existe una orden de aprehensión en contra de Rogelio “N” por otro delito, sin embargo, todavía no ha podido cumplimentarse debido a que tiene un amparo.
Cabe recordar que está acusado por violencia familiar por su exesposa, Guillermina Alvarado.
“Hago de su conocimiento que no solamente se trata de un proceso penal el cual está radicado en contra de Rogelio (…), sino que este tiene iniciados en el Estado de Veracruz tres procesos penales, en los cuales es de referir que en uno de ellos hay un mandamiento de captura, pero que no se ha ejecutado por la interposición de juicio de garantías en donde le fue concedida la suspensión definitiva del acto reclamado, estando en espera de que se dicte sentencia federal de fondo, y por ende no se ha realizado audiencia inicial”, detalla el oficio de Romero Cruz.
Explica que de acuerdo al artículo 38 fracción II de la Constitución federal, Rogelio “N” “queda suspendido de sus derechos o prerrogativas como ciudadano”.
Detalló que el exfuncionario está sujeto a prisión preventiva desde el 20 de marzo en el proceso penal número 50/2021 de Tuxpan, Veracruz, por el delito de ultrajes a la autoridad, e incluso se ha formulado acusación, y en el proceso penal número 248/2021 por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, desde el 17 de agosto del año en curso, en el juzgado de control de Xalapa, Veracruz.
“Es claro que Rogelio (…), tal como se desprende de la disposición Constitucional contenida en el numeral 38 fracción II, desde el momento en que fue vinculado a proceso, automáticamente física y materialmente está impedido para poder ejercer los derechos políticos que pudieran corresponderle dado que está interno en un Centro de Reinserción Social, con sede en Amatlán de los Reyes”, añadió Romero Cruz.
