por Iván Peralta
Lechero
Se llamaba… ayer, los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz destituyeron al Secretario Técnico, Carlos Quiroz Sánchez, a quien señalaban de ineficiente, autoritario y prepotente.
La sesión, que se llevó a cabo en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, contó con la presencia de todos los integrantes de este Sistema, quienes con el voto mayoritario avalaron la salida de Quiroz Sánchez, quien fue designado el 15 de mayo de 2019 para un periodo de cinco años.
A través de publicaciones periodísticas a lo largo de varios meses, Quiroz había sido acusado de un trato autoritario y déspota, asumiendo funciones de la Presidencia que no le correspondían, además de mostrarse irrespetuoso con todos los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.
Pero los enterados cuentan que la gota que derramó el vaso fue justamente ayer cuando se publicó la Política Estatal Anticorrupción en la edición de la Gaceta Oficial del Estado. Quiroz mantuvo guardado el documento nadamás seis meses, pues el mismo fue aprobado desde el 10 de junio pasado.
Y como resultó que no tenía muy buenas migas con el personal del mismo SEA, apenas les notificó personalmente su cese comenzaron a sacarle temas que no lo dejan bien parado.
Carlos Quiroz, además de lo que ganaba como secretario técnico, mantuvo sus ingresos como académico de tiempo completo en la Universidad Veracruzana.
Ataúd
Se salvó Veracruz… aferrados a soltar las prerrogativas, los dirigentes de los desaparecidos Fuerza por México (FXM), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES), Gerardo Islas, Fernando González y Hugo Eric Flores, respectivamente, presentaron el bloque que tendrá por nombre “Fuerza Solidaria Progresista”, con el cual participarán en las próximas elecciones de 2022 en las que estarán en juego 6 estados, ya que los partidos políticos cuentan con registros locales.
Gerardo Islas detalló que serán un bloque de sus fuerzas políticas, con vida individual pero preparados para elección de 2022 en los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.
Después irán fijando su participación en 2024. Además que con esta nueva presentación abren la convocatoria a otras fuerzas políticas.
Los muertos insepultos, como son llamados en redes sociales, sostienen que juntos suman más de 5 millones de votos y registros locales en 95% del país: “somos la fuerza regional más grande de México, independiente de las ideologías lo que nos une es México”.
Como se recuerda, el miércoles pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los argumentos por lo que las tres fuerzas políticas impugnaron la pérdida del registro nacional, por lo que serán liquidados conforme a la ley.
A nivel local, Fuerza por México solicitaría su registro como partido local y aunque no hay proceso electoral en el año venidero, no estarán exentos de grillas y hasta tribunales.
Resulta que quien fuera abanderada de Fuerza por México a la diputación federal por el Distrito XII de Veracruz, Rosa Maylén Ángeles Bozada, presentó una demanda ante los juzgados civiles en materia federal en contra del INE y también procedió penalmente contra ese partido, por lo que considera daños morales y perjuicios hacia su persona, además de uso inadecuado de los recursos.
Anteriormente presentó un recurso de impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia de género y discriminación, por no haber aparecido en la boleta electoral de los pasados comicios, lo que consideró una cancelación a su derecho a ser votada por los ciudadanos y a participar en el proceso.
Su representante legal, Joaquín Castellano Román, consideró absurda e infantil la respuesta de la Sala Regional, que determinó infundada la impugnación, con el argumento que ya estaban impresas las boletas electorales el día que ella se registró como candidata.
Por ello, sostuvo, ahora presentaron una demanda ante los juzgados civiles en materia federal en contra del INE para la reparación del daño moral ocasionado a su persona, en sus sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación, vida privada y pública, economía, integridad física y psíquica.
La excandidata señaló que la demanda también es contra el partido Fuerza por México, ya que tiene conocimiento que todos los gastos de campaña que erogó, al parecer fueron cobrados por el instituto político. Es decir, reportaron que le entregaron más de 600 mil pesos cuando, como al resto de los abanderados, no les dieron ni un peso partido por la mitad.