por Iván Peralta
Mole
No le ayudan…. Después de ser el centro de la crítica por el altercado que protagonizó con la reportera Sara Landa apenas a media semana, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez vuelve al situarse en la polémica, aunque en éste caso no por sus dichos o acciones, sino porque tiene que cargar con lo que hacen sus colaboradores.
Ayer se ventiló qué hay nuevas recomendaciones de las autoridades federales por un caso de tortura y abuso sexual en contra de una mujer detenida en la Ciudad de México, pero recluida en la entidad veracruzana, y quien habría sido agredida por elementos de la Policía Ministerial.
Brincó, por ejemplo, la diputada Anilú Ingram que, en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, condenó que en Veracruz sean las propias corporaciones de seguridad quienes violenten los derechos humanos.
“Es inadmisible que sigan casos como éste en Veracruz. Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXVI Legislatura hago un llamado enérgico para que las autoridades veracruzanas cumplan las recomendaciones puntuales hechas por la CNDH”, expuso.
En ese sentido, la también Coordinadora del Grupo Legislativo del PRI subrayó que dará seguimiento a este caso, así como a todos los que han llegado a la comisión que preside y que, además, tienen ya denuncias interpuestas por parte de las víctimas ante la propia Fiscalía o la Contraloría General del Estado y de los que no se ven avances.
Retazo
Cuando la perra es brava… Pues resulta que alrededor de 400 elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos fueron desarmados luego de que se detectaron irregularidades de permisos para la portación de las armas que ordena la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Hasta la base de esta corporación, conocida como “El Nido”, acudieron los elementos inconformes en lo que iba a ser un diálogo con las autoridades, sin embargo, se salió de control y se presentó un conato de bronca entre elementos y el encargado interino de la Policía, José Javier Quijano Ríos, quien fue detenido por ultrajes a la autoridad.
Aparentemente, en la pasada administración municipal, durante el tiempo que dirigió esta cooperación Víctor Ulises Osorio Soler, 449 elementos portaban armas de fuego de manera ilegal, por esto tienen que hacer nuevas capacitaciones y tramitar los permisos.
Como si el horno estuviera para bollos… hoy se sabe que son 295 elementos los que no cuentan con licencia y 154 que están en trámite, todos ellos deberán cumplir con cursos de capacitación y otras actividades.
Actualmente solo 105 elementos cumplen con la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP) y Certificado Único Policial (CUP), incluidos en la licencia colectiva, por lo que serán los que saldrán a hacer recorridos.
Tras el sainete, los elementos policiacos volvieron a sus áreas de trabajo, se espera que en las próximas horas se den a conocer los nuevos mandos dentro de esta corporación. Por parte del ayuntamiento de Coatzacoalcos no hubo una posición oficial.
Té de manzanilla
Ayer, en una sesión de la Permanente en el Congreso local, la diputada Maribel Ramírez Topete presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, cuyo propósito es exhortar a la Cámara de Diputados y al Senado de la República del Congreso de la Unión, para que realice las acciones necesarias a fin de dictaminar la iniciativa que prevé reformar el artículo 2°-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Se quiere aplicar la tasa 0% a los valores relativos de las pruebas de laboratorio, moleculares, de antígenos o de anticuerpos, destinadas a la detección y confirmación del virus SARS-CoV-2.
La legisladora de Movimiento Ciudadano sostuvo que se pretende ayudar a las y los ciudadanos en un momento complejo, cuando el virus ha incrementado su presencia y las pruebas se han vuelto necesarias, pero que no toda la población puede acceder a ellas por su alto costo.
Como se recuerda, desde el pasado 1 de febrero, el Senado de la República cuenta con la iniciativa que está sustentada en la necesidad de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud y a realizar los esfuerzos posibles para equilibrar la brecha de desigualdad económica en el diagnóstico de contagios de Covid-19, al impulsar la accesibilidad de precios en las pruebas de laboratorio.
Actualmente, en promedio, se paga 2 mil 722 pesos por una prueba PCR, 783 pesos por una de antígenos y 615 pesos por una de anticuerpos. Todos los costos ya con un gravamen de 16 por ciento, generando afectaciones al acceso a la salud de los que menos tienen.