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27 abril, 2024
Opinion

RECETARIO

Iván Peralta

Chilaquiles

Por tratarse de dos administraciones emanadas del mismo partido podría pensarse que la transición ha sido tersa, pero nada más alejado de la realidad, pues en la capital del estado el que para muchos ha sido el peor alcalde de la historia reciente, Hipólito Rodríguez Herrero, no solo resultó un fiasco frente el ayuntamiento, sino que además berrinchudoy hasta mala leche.

Resulta que la nueva administración que encabeza Ricardo Ahued requirió de personal externo trabajando a marchas forzadas desde los días previos a la toma de protesta porque los funcionarios salientes, además del desorden administrativo, vandalizaron los equipos de cómputo y pareciera que la consigna era complicarle todo a los nuevos.

De hecho, no existió en la entrega-recepción un programa para el cobro del impuesto predial, que es vital para cualquier ayuntamiento, de ahí que el software se hizo por fuera y a marchas forzadas para poder tener ingresos en el arranque del cuatrienio.

Eso explicaría, por ejemplo, la balconeada que en días pasados Ricardo Ahued hizo del pasadizo secreto que Hipólito Rodríguez, aunque no lo construyó, lo conservó y seguramente lo usó en infinidad de ocasiones para evadir los reclamos ciudadanos que coleccionó en cantidades industriales.

Ayer, además, el Cabildo xalapeño solicitó ampliar el número de funcionarios que participarán en la revisión de las actas de entrega, en lo que sería una especie de auditoría a lo que dejaron los anteriores funcionarios, pues no obstante el número tan abultado de oficinas que debieron entregar el changarro, lo hicieron con las patas.

De aquí no saldrá nada bueno, pues se advierte que lo que encuentra ésta comuna es un desorden administrativo atroz y que no será tolerado, por lo que de éste ejercicio podrían salir incluso las primeras denuncias, pues existe una ley incluso que establece cómo hay que entregar las oficinas cuando se convierten en ex empleados de la administración pública.

Pozole

Donde también hay un desbarajuste es en el Congreso local, pues hay rumores muy fuertes de que un buen número de diputados han resultado positivos a sus pruebas de Covid-19en los últimos días, pues aunque han sesionado de forma muy escasa, las fiestas decembrinas habrían propiciado un contagiadero tremendo.

Eso se sabrá hoy, durante la sesión ordinaria, pues se sabe que varios legisladores de plano prefirieron sesionar vía remota y no exponerse.

Incluso, hay quien asegur que el propio presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, tiene el bicho y de ahí su poca actividad pública.

De la reunión previa para definir el orden del día, para ésta sesión de martes, ni hablar. Solo se prevé autorizar el calendario de comparecencias de los titulares de los Órganos Autónomos en la entidad, que se piensa podrían darse entre el 24 y 27 de éste mes.

Incluso, aunque de entrada se habla del mismo formato que se usó en las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal, todo dependería del desarrollo de los contagios de Covid-19 en los próximos días, pues en una de esas tendría que recurrirse a las medidas de distanciamiento social como el año pasado, cuando muy pocos participaban en las comparecencias que se desarrollaron en el salón de Plenos.

Pan de caja

¿Será?… ayer la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de cuatro personas y el aseguramiento de dos inmuebles en Tres Valles.

Las detenciones estarían relacionadas con los nueve cuerpos hallados en la carretera La Tinaja-Ciudad Isla el viernes pasado.

Se realizó un operativo con la participación de elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Mediante acciones de trabajo de inteligencia y cateo debidamente autorizadas por un Juez, se aseguraron dos inmuebles y fueron intervenidas cuatro personas probablemente relacionadas con los hechos en los que fueron encontrados nueve cuerpos en la carretera la Tinaja-Ciudad Isla.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que en el término constitucional los presentará ante la autoridad judicial para que determine su situación jurídica.

De igual manera se informó que se ubicó el lugar donde probablemente se llevó a cabo la privación de la libertad de las nueve víctimas.

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