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26 abril, 2024
Opinion

RECETARIO

Iván Peralta

Ensalada

Ah caray… nos chismean que en el Senado de la República, Morena trabaja una iniciativa para que los estados no puedan crear programas sociales al vapor previo a procesos electorales. 

Obviamente la medida aplicará también a gobiernos morenistas para evitar la compra y coacción del voto en las próximas elecciones.

Pero resulta curioso que este año se llevarán a cabo las elecciones para renovar gobernador en seis estados del país: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, de los cuales dos son del PRI, tres del PAN y uno más del PRD.

Mejillones

El portal especializado Puerto, Transporte y Carga (PTC) consigna que diversas Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales hicieron un llamado a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para votar a favor de los derechos humanos de acceso pleno a la justicia y al medio ambiente sano, y de la protección del arrecife veracruzano.

Se trata de organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) y Earthjustice.

De acuerdo con la publicación, en breve la SCJN emitirá su decisión sobre el amparo que habitantes de la zona conurbada interpusieron en el año 2016 en contra de la ampliación del Puerto de Veracruz debido a los impactos ambientales negativos e irreversibles que la obra tendría sobre los arrecifes que se encuentran en dicha zona.

Entre los argumentos presentados en la demanda se encuentra el hecho de que el proyecto ha sido presentado de forma fragmentada y no se consideraron todos los arrecifes presentes en la Manifestación de Impacto Ambiental, incluyendo los arrecifes sumergidos descubiertos recientemente en la zona, los cuales tienen un altísimo valor ambiental.

La decisión de la Suprema Corte será un importante precedente en materia de acceso a la justicia, pues la Primera Sala pretende determinar si ciudadanos cercanos al arrecife tendrían el derecho de exigir al poder judicial la protección del ecosistema amenazado. Resolver que esas personas sí pueden buscar protección judicial implicaría un avance importante para la defensa del medio ambiente como derecho humano.

En abril del 2017, el Juzgado de Distrito negó la suspensión de las obras de ampliación del puerto al considerar que las y los demandantes no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos. Los demandantes apelaron esa decisión y la SCJN decidió atraer el caso; se espera que el próximo 12 de enero se pronuncie al respecto.

El proyecto de sentencia del ministro José Luis Alcántara Carrancá Gutiérrez sienta un importante precedente, al concluir que (i) los habitantes del área metropolitana de Veracruz sí acreditan un interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra del proyecto para proteger el arrecife, y que (ii) las autoridades violaron el derecho al medio ambiente sano al autorizar la ampliación del Puerto de Veracruz sin analizarla de manera integral y considerar todos los impactos, incluidas las afectaciones acumuladas por otros problemas que enfrenta el arrecife.

En la demanda se argumenta que el interés legítimo en materia ambiental se sustenta en que las y los demandantes habitan el entorno adyacente al ecosistema que les presta servicios ambientales. Asimismo, la exposición recoge el contenido del Acuerdo de Escazú en materia de participación ciudadana en torno a la protección del medio ambiente, así como el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental.

Capirotada

De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE) la validación de firmas de apoyo para convocar a la revocación de mandato lleva un avance del 61.52%. Además, ya se logró la meta del 3% de las rúbricas en la Lista Nominal en 14 de los 17 estados requeridos.

Tamaulipas y Quintana Roo fueron los últimos estados que lograron la meta de firmas correspondientes a la Lista Nominal de Electores local, con el propósito de lograr las más de 2 millones 758 mil 227 de firmas válidas que deben corresponder a por lo menos 17 entidades federativas para convocar a este ejercicio el próximo 10 de abril.

Los otros estados que cumplieron con el las firmas requeridas son Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Tlaxcala, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Baja California Sur, Morelos, Aguascalientes, Colima y Nayarit.

Hasta ahora, y de acuerdo con el último reporte, se han validado 1 millón 696 mil 830 firmas del total requerido. Y habría que recordar que el INE tiene hasta el 4 de febrero para publicar la convocatoria para la revocación de mandato y pueda realizarse el próximo 10 de abril.

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