Iván Peralta
Tepache
El portal Espejo del Poder ventila detalles sobre el reciente viaje al Caribe mexicano donde el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna se habría contagiado de Covid-19.
El minatiteco estuvo en la Riviera Maya durante las vacaciones que disfrutó en el costoso Hotel Nickelodeon, de Cancún, cuyo hospedaje de más de 7 días con toda su familia calculan que debió costarle la friolera de casi 200 mil pesos, ya que tan solo la tarifa por noche durante la temporada vacacional decembrina es de aproximadamente 17 mil pesos.
Las críticas no se hicieron esperar, pues el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dejó videos grabados que durante esos días difundió en redes sociales para hacer creer que en esas fechas recorría localidades de la entidad veracruzana.
Sin embargo, la que se contagió también fue su esposa Diana Karina Barreras Samaniego, quien radica en Sonora, donde es diputada local del Partido del Trabajo (PT).
Vaya desliz el de “Gutierritos”, como lo motejaron sus detractores que lo tundieron política y mediáticamente por su desafortunada denuncia penal que se le ocurrió presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que habían acordado posponer la consulta de revocación de mandato presidencial.
Pero a la semana siguiente se tuvo que desistir con la cola entre las patas ya que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador la desaprobó públicamente.
Pipián
En los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al menos 19 dependencias federales contrataron a “empresas fantasma”, de acuerdo con una revisión del Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO, del portal de compras públicas Compranet y del listado del SAT sobre contribuyentes con operaciones inexistentes.
En la lista destacan la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), IMSS, ISSSTE, Diconsa, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Los 48 contratos suman en conjunto 156 millones de pesos y van del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
El ISSSTE es la institución con más contratos entregados a compañías señaladas por el SAT de tener operaciones inexistentes. En 2019 firmó 14 contratos con las empresas Alyfranz, Interacción Biomédica y Perylsa Suministros y Productos del Antequera. Les compró sustancias químicas, material de curación de alta especialidad, material didáctico para estancias de bienestar y desarrollo infantil, así como utensilios para el servicio de alimentación.
De acuerdo con Compranet y el Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO, los contratos con montos más altos a “empresas fantasma” fueron pagados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La SCT entregó un contrato a la empresa Construcción, Instrumentación y Servicios de 85 millones de pesos para la modernización y ampliación de la Carretera Federal No. 02 tramo: Janos-Agua Prieta, en Sonora. Los servicios comenzaron el 1 de mayo de 2019, cuando esta empresa ya estaba en la lista del SAT de compañías con operaciones inexistentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Catorce días después de que iniciar el contrato, el 15 de mayo de 2019, el SAT confirmó que la empresa era “fantasma”.
Ese no fue el único convenio que le otorgó la SCT a esa compañía. El 1 de marzo de 2019 le otorgó otro por 7 millones de pesos para que elaborara un estudio y proyecto para la restitución del cuerpo del terraplén, reconstrucción y restitución de las obras de drenaje, en el municipio de Álamos, Sonora.
En 2019 y 2020, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez le otorgó dos contratos a Limpieza y Mantenimiento Xielsa para servicios de lavandería y limpieza. Desde noviembre de 2019, esta compañía se encontraba entre las sospechosas de operar como “empresa fantasma”.
El SAT cerró el año 2021 con 10 mil 966 empresas que se encuentran en la lista de compañías con operaciones inexistentes, clasificadas así de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
La normatividad indica que las compañías entran a esta lista cuando “la autoridad fiscal detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados”.
El reporte “Índice de Riesgos de Corrupción: Compras públicas en México”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detalla que entre 2018 y 2020, en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto y en los dos primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el la administración federal adjudicó 256 millones de pesos a empresas con operaciones inexistentes.