por Iván Peralta
Ropa vieja
Hasta la camisa se debe… la intención debió ser la de dar un mensaje de aliento para presumir que se ha logrado abonar a la deuda estatal más de 13 mil millones de pesos, pero el secretario de Finanzas mordió el anzuelo durante su comparecencia y terminó por confesar que la deuda pública del estado de Veracruz es de 74 mil 159 millones de pesos.
Durante su comparecencia ante los diputados locales con motivo de la glosa del cuarto informe de labores dijo que la deuda total que heredaron era de 87 mil 207 millones 200 mil pesos, y que se ha logrado reducir en más de 13 mil 48 millones de pesos.
Dijo que dos años atrás se contrató una cobertura de tipo SWAP para que los intereses de la deuda bancaria de largo plazo no quedarán sujetos a las variaciones del mercado ymediante este esquema fue posible congelar la tasa en 6.4 por ciento, obteniendo un ahorro en pago de intereses de casi 338 millones de pesos, tan solo en 2022.
También presumió que ha aumentado la recaudación del estado, al pasar de 8 mil 600 millones de pesos en 2018, a una proyección para el cierre de 2022 de 12 mil 300 millones de pesos.
Fajitas
Y brinca Anilú… quien le sigue poniendo pimienta a las comparecencias es Anilú Ingram. La diputada jarocha es de las pocas que se ponen a estudiar y cuestiona fuerte a los integrantes del gabinete… ayer, a Lima Franco, lo cuestionó sobre la desaparición de 300 millones del Gobierno del Estado, luego de que en junio quebrara Accendo, institución bancaria en la que esta administración estatal morenista tenía depositada dicha cantidad.
La legisladora puntualizó sobre la responsabilidad de este recurso que se encuentra desaparecido, y pidió que tanto él, como el anterior secretario de Salud, Roberto Ramos Alor,rindan cuentas sobre esta situación.
Y también le pidió razón sobre la existencia de recursos para la Ley 822 para la creación del Instituto de Integración para las Personas con Discapacidad el próximo año. Al parecer no se traía el tema en el radar.
Para rematar, reveló que hace unos meses solicitó audiencia al titular de Sefiplan y este nunca contestó, a pesar de tratarse de reunión para abordar los acuerdos que se tomaron en la primera sesión del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, el cual vela por el apoyo e integración de más de un millón y medio de personas en condiciones de discapacidad en Veracruz, según estadísticas del INEGI. Le aplicaron la ignorativa, pues.
Carlota
En el Congreso local se busca tipificar el delito de transfeminicidio, imponer de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa a quien lo cometa, así como determinar que no se concederá la libertad preparatoria a los sentenciados, pero para ello se habría de modificar diversas disposiciones del Código Penal Federal.
La iniciativa enviada a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Diversidad para opinión, señala que comete el transfeminicidio quien prive de la vida a una mujer transexual o transexual femenino por razón de su identidad o expresión de género.
Se entiende por mujer transexual o transexual femenino a aquella persona del sexo masculino cuya identidad o expresión de género se encuentre dentro del espectro femenino o que se haya sometido a una reasignación de sexo o género, o cuya identidad de género sea femenina.
Para la acreditación del delito de transfeminicidio, la Fiscalía General de la República (FGR) y demás instancias correspondientes deberán seguir los requisitos establecidos por el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.
Contempla que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil quinientos días de multa; además, será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.
Determina los supuestos en los que existen razones de identidad de género o expresión de género, entre ellos que la víctima muestre signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
También, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, transaccional, docente y/o de confianza, o una relación de parentesco por consanguinidad, y que el cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o arrojado en un lugar público por el activo.
Flores Pacheco expone que el Observatorio de Personas Trans Asesinadas menciona que la violencia transfóbicaimpera en América Latina y el Caribe como en ningún otro lado del mundo. Entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, los tres primeros lugares los ocupaban Brasil con 167 asesinatos, México 71 y Colombia 21, y recién en cuarto lugar aparecía Argentina con nueve asesinatos registrados.
En su actualización del 2019, el orden estadístico de estos países se repite, pero se observa un llamativo descenso numérico, sobre todo en Brasil, que pasa de 167 a 130 crímenes de odio contra personas trans.
Por ello, considera necesario establecer un tipo penal autónomo que atienda la situación actual de la violencia estructural que se padece por aquellas personas denominadas transexuales.