por Iván Peralta
Dobladas
Nuevamente se impone la chaviza… Siguen las renuncias en la Universidad Veracruzana que dirige el doctor Martín Aguilar Sánchez. A la salida de su Secretaria Académica, ahora le renuncia la directora de la Facultad de Psicología, por diversos conflictos que se generaron con los alumnos de esa facultad.
A través de un criticadísimo comunicado, la rectoría confirmó la dimisión de Lizette Figueroa, asegurando que ello contribuiría a una pronta solución del problema en esa facultad.
El comunicado detalla que en una carta dirigida al rector, Martín Aguilar Sánchez, la doctora Figueroa Vázquez deseó que se reestablezca el tejido social de esa entidad académica que estaba roto desde antes del inicio de su gestión.
“Figueroa Vázquez espera que los tiempos por venir permitan la recomposición del ambiente de la Facultad de Psicología, que continúen siendo congruentes los objetivos institucionales y se siga garantizando la calidad de la formación de los nuevos profesionales”.
Queso fundido
Que se podría complicar lo que parecía una salida tersa… El ex secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado incumplió con el pago de una sentencia definitiva para el pago de una deuda de 113 millones de pesos, a favor de Abastecedora de Víveres AVI SA de CV, proveedor que entregaba alimentos a dicha dependencia.
La sentencia con fecha del 27 de junio de 2018, tuvo conocimiento una vez que ingresó como titular de la SSP, pero decidió no responder y con ello contribuir a que se siguieran acumulando intereses por 4 años más.
Si bien, la deuda se generó durante la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, y a lo largo del bienio yunista, sólo se aplicó una estrategia legal para dilatar el cumplimiento del pasivo; fue ya bajo el gobierno actual, que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública no se actuó para hacer frente a la deuda, ni monetariamente, ni legalmente.
Ahora, la Secretaría de Seguridad Pública no sólo debe pagar 90 millones 68 mil 842 pesos por concepto de las facturas que quedaron pendientes por la entrega de víveres para la dependencia, sino además 23 millones 837 mil 397 pesos de intereses generados hasta el 27 de junio de 2018.
A dicha suma de intereses, se le habrán de sumar al menos otra cantidad similar o incluso mucho mayor a los 23 millones de pesos, por la moratoria de los cuatro años de incumplimiento dentro de la gestión de Hugo Gutiérrez Maldonado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Dicha sentencia, proviene del juicio de amparo 406/2022 promovido ante el Juzgado Primero de Distrito, donde la empresa Abastecedora de Víveres AVI SA de CV logró una resolución favorable para que la Secretaría de Seguridad Pública cumpla con el pago.
En dicho juicio de amparo, también exigían vinculara al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, pero el Juez Federal determinó que el incumplimiento sólo venía de manera unilateral por parte del ex titular Hugo Gutiérrez Maldonado, y no había relación con el titular del Poder Ejecutivo, ni con la Sefiplan.
Champola
El magistrado José Octavio Rodarte Ibarra, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, fue retirado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); en consecuencia, se anunció la readscripción de la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, esto según información oficial.
El togado José Octavio Rodarte Ibarra fue señalado públicamente por el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez el pasado 4 de octubre del 2022, tras haber otorgado amparos federales para dejar en libertad a los tres presuntos involucrados en el asesinato del reportero Jacinto Romero, ocurrido el 19 de agosto del 2021 en el municipio de Ixtaczoquitlán.
Así también, Rodarte Ibarra concedió amparo federal a la ex diputada federal perredista Norma Azucena “N”, detenida en septiembre del 2021, como presunta involucrada en el homicidio del candidato suplente por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la alcaldía de Tihuatlán, Nicanor “N”, ocurrido la noche del 30 de junio de 2021 en ese municipio.
En la queja pública, el gobernador observó que el pueblo veracruzano tiene derecho a conocer a quienes conforman el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, los magistrados del Poder Judicial Federal, José Saturnino Suero Alba, Antonio Soto Martínez y José Octavio Rodarte, así como los jueces federales, José Ezequiel Santos Álvarez y Alejandro Quijano Álvarez.
En la conferencia de prensa celebrada por el gobernador ayer, exigió “al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación ponerse de lado de la sociedad veracruzana, que dejen de lado la opacidad con que operan algunos jueces federales y los llame a rendir cuentas de frente a la sociedad y a las víctimas”.