por Iván Peralta
Pellizcadas
Salvada por la campana o con la obligación de volver a hacer un papelón, la senadora panista por Veracruz, Indira Rosales San Román estuvo ayer a nada de consumar una traición a su partido al sustentarse de la sesión en la que se votaría el dictamen que busca extender la presencia de las fuerzas armadas en las calles para labores de seguridad.
Para su buena o mala suerte, el dictamen fue rebotado, una vez que Morena y sus aliados admitieron la petición de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, para retirar el dictamen sobre el plazo a las Fuerzas Armadas.
Esto pese a que dos oficios con distintos folios caldearon los ánimos en el Senado de la República luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda enviaron los documentos a la Mesa Directiva para retirar el dictamen de la reforma al Quinto Transitorio sobre la ampliación del plazo a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública hasta 2028.
El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, confirmó que a las 14:26 horas se recibió un nuevo oficio debidamente requisitado por las Comisiones Unidas; lo que tensó el ambiente entre la oposición pues acusó que en un primer momento se había entregado un documento que presentaba errores y no contaba con las firmas de todos los integrantes de las comisiones, por lo que de acuerdo con las
Incluso, el PAN propuso retirar todas las reservas y votar ayer mismo el dictamen, pero finalmente no ocurrió.
Luego de casi cinco horas de discusión, el Senado de la República suspendió la discusión de la reforma, debido a que Morena no logró romper el acuerdo entre el bloque opositor para avalar la reforma para la que le hacían falta 10 votos.
Pese a la negativa del PAN y sus aliados, pues ellos buscaban votar y rechazar hoy mismo la reforma, propuesta por el PRI en la Cámara de Diputados, una votación económica por mayoría simple le permitió a Morena un respiro para replantear el dictamen.
Municiones
Gran revuelo causó el anuncio hecho ayer por la diputada Anilú Ingram Vallines quien reveló que tras la conformación del Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, se acordó la creación del Instituto para los Derechos y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, se aprobó que en el paquete económico que se presentará en próximos meses ante el Congreso local, se contemple una partida exclusiva para la correcta conformación de dicho Instituto y para la aplicación de la ley 822, en beneficio de las personas con discapacidad.
En este sentido, Ingram Vallines, como Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso Local, expresó que con esto se beneficiará a 1 millón 542 mil 272 veracruzanos y veracruzanas que tienen alguna discapacidad.
La legisladora destacó que son los primeros pasos para generar condiciones dignas de vida para todos, así como la necesidad de entender que es una tarea conjunta: “esta tarea no es solo del gobierno, de representantes populares, sino también de la sociedad, sumemos no estacionándonos en los lugares para discapacitados ni obstruyendo las rampas”.
Es decir, se necesita invertir en infraestructura física, como los semáforos auditivos, placas en braille, transporte público adaptado, edificios públicos amigables para todos, entre diversas acciones; sin embargo, este -dijo-, es el comienzo.
Tacos dorados
El Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Gobernación, rescató a 270 personas migrantes de distintas nacionalidades que se encontraban en un hotel del municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.
Agentes Federales de Migración (AFM), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Protección Civil y policías municipales realizaron una visita de verificación en un hotel ubicado en la colonia Benito Juárez.
De las 270 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia regular en el país, 45 son menores de edad (30 hombres y 15 mujeres) y 225 son personas adultas (182 hombres y 43 mujeres).
Al confirmar su nacionalidad se pudo constatar que 205 provienen de Guatemala, 33 de El Salvador, 28 de Honduras, tres de Nicaragua y una persona de Ecuador.
Las personas menores de edad y quienes conforman núcleos familiares quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para su custodia y protección, mientras que las personas adultas fueron llevadas a la estación migratoria de la entidad para continuar con su proceso administrativo migratorio.