por Iván Peralta
Manos de cangrejo
La burocracia veracruzana no da crédito a las nuevas atribuciones que se le acaban de dar a la Contraloría General del Estado, que hasta ahora solo revisaba la situación patrimonial de los servidores públicos cada año, sino que ahora tendrá a los servidores bajo la lupa todo el año.
Y es que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez facultó a la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez a no sólo analizar la evolución del patrimonio público de los integrantes de su gabinete, sino incluso a investigar para verificar que sea acorde a sus ingresos legales.
Como parte de las reformas y adiciones que hizo al Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, el mandatario estatal brindó nuevas facultades a dicha instancia.
Entre ellas, encargó crear un modelo de criterios para constatar una legal evolución patrimonial de los funcionarios estatales, la cual se realizará a través de la Subdirección de Situación y Evolución Patrimonial.
De igual forma, ordenó registrar las sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos por la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública, así como de otras autoridades, debiendo mantener actualizada la información relacionada con la expedición de constancias de no inhabilitación y demás bases de datos necesarias para el manejo correcto de la información, en términos de la normatividad aplicable.
Suflé
El mundo al revés… la compañera Alba Alemán dio ayer la primicia de éste caso que desde hace varios meses conmocionó a la sociedad jarocha; Marlon (N), acusado del feminicidio de Monserrat Bendimes, obtuvo un amparo para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cese las supuestas acciones de tortura e incomunicación que denunció ser víctima y Ordenó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigarlo.
Según lo consigna en Testigo Púrpura, el pasado 12 de septiembre el juez federal otorgó el amparo al presunto feminicida, luego de que durante tres meses su defensa lo estuviera promoviendo.
De acuerdo con el abogado defensor de la familia de Monserrat Bendimes, Ramar Mendoza, este amparo no modifica su situación jurídica y él seguirá su proceso en prisión preventiva.
De la misma manera aseguró que este amparo no afecta el proceso, al contrario, abona para que se realice de manera pulcra y que todo su proceso se lleve de manera transparente.
Ramar Mendoza añadió que además no existen tales violaciones a sus derechos humanos, ya que no hubo detención violenta y durante toda su estancia ha tenido comunicación directa con sus abogados.
“Marlon por ningún momento ha sido torturado en incomunicado, tan es así que hay un acceso directo por parte de los abogados con el quejoso, no ha sido el incomunicado, al contrario, siempre habido una buena comunicación directa y abierta”, manifestó.
Desde el pasado 3 de junio, cuando Marlon se entregó a las autoridades en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Ciudad de Xalapa, se encuentra recluido en el penalito de Playa Linda, donde fue vinculado por un juez cinco días después, para permanecer en prisión preventiva oficiosa de dos años mientras se realiza el juicio en su contra.
Atole
Después de un par de semana se autentico asedio mediático, éste jueves la comisión de Vigilancia ahora presidida por el diputado Rafael Fararoni, sesionará en la mismísima sede del Orfis, donde se le informará el estatus de los trabajos que están en curso.
Se piensa que el joven legislador tuxtleco no le sabe mucho y por eso hoy se le dará a conocer, entre otras cosas, que la revisión de la Cuenta Pública 2021, la última de las anteriores autoridades municipales que dejaron el cargo el 31 de diciembre del año pasado y la tercera de la actual administración estatal, prácticamente está lista.
La última semana de este mes de septiembre o en su caso, a más tardar la primera semana de octubre, acudirá al Congreso del Estado para entregar, mediante la comisión permanente de vigilancia, el resumen ejecutivo y los informes individuales de la Cuenta Pública 2021.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior está impedida para dar a conocer detalles sobre el resultado de las auditorías, pero aseguró que el Orfis garantiza cuentas claras en la aplicación de los recursos públicos en los entes estatales y municipales.