Por Iván Peralta
Matambre
Chiquitos, pero tragones… Los partidos Podemos y Cardenista fueron sancionados por la celebración de contratos el año pasado sin la autorización de sus interventores.
Los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinaron sancionar a ambos debido a la transgresión de la ley y se les impuso una amonestación pública.
Por cuanto hace a Podemos, se determinó que por conducto de su apoderada legal adquirió obligaciones contractuales durante el periodo de prevención, ascendiendo a la cantidad total de 2 millones 712 mil 292.55 pesos.
Pero no se cuenta con ningún medio de prueba, que acredite que exista alguna petición realizada al interventor del Partido Político para que autorizada o diera el consentimiento para la celebración de dichos contratos.
En el caso del Partido Político Local Cardenista fue sancionado pues a través de su apodera legal, Verónica Elsa Vázquez Prieto, sin autorización ni conocimiento de la interventoría, realizó ocho convenios en el Centro de Conciliación Laboral.
Se trata de obligaciones contractuales durante el periodo de prevención que inició el 16 de julio de 2021, ya que los convenios antes mencionados se realizaron el 6 de diciembre de 2021, ascendiendo a la cantidad total de 919 mil 768.29 pesos.
Los convenios referidos, se llevaron a cabo sin el conocimiento, ni consentimiento, ni aprobación de la Interventoría del partido, tal y como estableció la misma, en su informe de irregularidades ante la Comisión Especial de Fiscalización, máxime que no consta en dichos convenios la firma de la interventora del Partido referido.
Aros de cebolla
Durante el segundo trimestre del año, el gobierno de Veracruz hizo ampliaciones presupuestales a 13 de las 17 dependencias de gobierno por más de 3 mil 122 millones de pesos, pero también reducciones por 330 millones de pesos.
El segundo informe trimestral que publica la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan) exhibe que el presupuesto aprobado por el Congreso local fue de 70 mil 907 millones de pesos durante el ejercicio 2022, sin embargo, se modificó para poder alcanzar los 73 mil 449 millones de pesos.
De acuerdo con el informe financiero disponible de forma pública, la dependencia que mayor disminución de presupuesto padeció fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con una reducción de 295.1 millones de pesos. Asimismo, se da a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) sufrió una reducción de 17.9 millones de pesos.
Otras dependencias estatales con disminución a su presupuesto son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con 15.7 millones de pesos, la Oficina del Gobernador con 480 mil pesos y la Oficina de Programa de Gobierno (Progob) con 104 mil pesos.
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) es la dependencia con mayor aumento, con mil 104 millones de pesos para ejercer un total de 2 mil 600 millones de pesos, la mayoría para obra pública.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) aumentó su presupuesto por 495 millones de pesos; la Secretaría de Finanzas tuvo un incremento de 938 millones de pesos; la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) un aumento por 87 millones de pesos; mientras que la Dirección de Comunicación Social tuvo un incremento de 146.2 millones de pesos.
Otras secretarías con aumentos importantes son: Turismo (Sectur) con 18 millones de pesos; la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) con 6 millones de pesos; de Gobierno (Segob) con 36 millones de pesos; y la Contraloría General del Estado (CGE) con 23.5 millones de pesos, entre las principales.
Rompemuelas
A días de cumplirse el plazo para promover un recursos de inconstitucionalidad a la llamada Ley Nahle, se sabe que será la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano la que llevará la reforma constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como se recuerda, los partidos políticos tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar algún recursos de impugnación o inconformidad a la reforma a la Constitución de Veracruz, la llamada “Ley Nahle”, que reconoce como veracruzanos a padres de hijos nacidos en territorio estatal, con cinco años de residencia.
Sin embargo, el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Gill Rullán, confirmó que será la dirigencia nacional la que presentará la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues afirma, son los únicos que tienen la personalidad jurídica.
Y es que en un periodo de 14 días el Congreso de Veracruz aprobó la reforma a la Constitución y cobró vigencia, luego de que la avalaron 116 ayuntamientos, en su mayoría, del partido Morena.