por Iván Peralta
Picadillo
Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvería en definitiva la repartición de las plurinominales en el Congreso local, literalmente, a horas de que asuman su curul los nuevos legisladores.
Éste día igualmente el Partido Acción Nacional (PAN) reunirá a sus legisladores electos para una capacitación y la definición de la agenda legislativa, así sobre las rodillas y al cuarto para las doce, donde seguramente también definirán al próximo coordinador, ejerciendo la potestad del dirigente estatal.
Éstos movimientos no podrían darse en un momento más turbio para el panismo veracruzano.
Cayó como balde de agua fría la noticia de la desbandada en el equipo político del vasco Julen Rementería de quienes eran, quizá, sus mejores operadores políticos en tierra, Ana Ledezma y Marco Antonio Núñez, quienes acordaron con el grupo Boca y su candidato a la dirigencia estatal, Tito Delfín, ir juntos a la elección interna de la dirigencia estatal.
Aunque no hablan de ruptura con el grupo de Julen, la forma es fondo, y es consecuencia del desinterés del senador porteño de cuidar a su gente que, de a poco, ha ido desplazando con el nuevo círculo de asesores que se le pegaron como lapas desde que asumió la Coordinación de la bancada blanquiazul en la Cámara Alta. Los Yescas, Serraldes, Mirandas, similares y conexos.
Pero el punto de quiebre se dio hace unos días, cuando Ana Ledezma impugnó la distribución de las diputaciones locales plurinominales que hizo el OPLE. Resulta que el lugar que le correspondería a la choleña le fue asignado al diputado Bingen Rementería, por lo que la lucha en tribunales amenaza la curul del “paps”.
El caso de Ledezma y Núñez representa un boquete operativo para los julencistas que seguramente hoy, vía el chapo Joaquin Guzmán Avilés, comenzarán el ajuste de cuentas cepillando a todo lo que huela a éstos dos personajes de las nóminas partidistas. Esto apenas comienza.
Habas
Todo apunta a que algún priista veracruzano de los muy contados que se colaron en el Congreso de la Unión ya dejó la víbora chillando allá en el altiplano, pues acá en la aldea no se paran ni por equivocación, pero resulta interesante que hay inconformidad con la convocatoria para la XXIII Asamblea Nacional del PRI.
Resulta que la convocatoria viene con un candado que impide analizar documentos básicos e incluso la permanencia del actual presidente Alejandro Moreno y de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Carolina Viggiano. Por consiguiente tampoco se podrían remover a los líderes estatales priistas, a pesar de “los desastrosos resultados electorales” del pasado 6 de junio.
La manzana de la discordia. Denunciaron que la convocatoria establece, en su cláusula Décimo Novena, que la XXIII Asamblea Nacional deliberará y acordará durante el desarrollo de sus trabajos, en lo general, los asuntos de su competencia señalados en el artículo 70 de los Estatutos del Partido, “exceptuando las fracciones I y III”.
Esos artículos se refieren a la posibilidad de emitir, reformar, adicionar o derogar los Documentos Básicos, así como el Código de Ética Partidaria; y elegir, en su caso, a las personas titulares de la Presidencia y de la secretaría general del CEN. “Entonces no se podrán tocar asuntos ni los documentos básicos, ni del Código de ética y menos tocar las permanencias del presidente y secretario general”, acusó uno de los denunciantes.
Mil hojas
Veracruz incluido… Este miércoles arrancó el nuevo modelo de justicia laboral en 13 entidades del país, como parte de la segunda fase de implementación.
Con el nuevo modelo, se prevé que al menos 75 por ciento de los conflictos entre trabajadores y empleadores se solucionen ahora mediante la conciliación, sin llegar a judicializarse, y será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Cfcrl), órgano encargado de aterrizar y poner en marcha la nueva dinámica en la materia.
Ayer, pues, inició operaciones el mecanismo en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo. En todos los estados, las autoridades responsables se declararon listas para esta fase durante una reunión de coordinación.
De ésta forma, comienzan a dar servicio en esas entidades los tribunales laborales federales y locales, que mediante juicios orales y ágiles han demostrado su efectividad en aquellos estados donde ya se encuentran en funciones, cabe mencionar que resuelven los litigios en un periodo de cuatro meses en promedio; muy por debajo de los cinco años del modelo anterior, agregó la dependencia.
En tanto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, encabezado por Alfredo Domínguez Marrufo, afirmó que por medio de este órgano se transparentará el sector sindical.
En noviembre del año pasado comenzó la primera fase de este proceso en Campeche, Chiapas, Durango, estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, mientras que en Hidalgo arrancaron los tribunales federales, quedando pendiente para el presente año la instancia estatal.