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17 mayo, 2024
Opinion

RECETARIO

por Iván Peralta

 

Maciza

 

Independientemente del motivo por el cual fueron reunidos ayer en el World Trade Center de Boca del Río, resulta por demás interesante la asistencia de poco más de 150 alcaldes,no todos morenistas, la mayoría de los diputados locales y un puñado de los integrantes del gabinete estatal, para arropar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

 

Para nadie era un secreto que se trataba de un acto político y que, ojo, fue organizado por el equipo original de la funcionaria federal, los que estuvieron con ella desde que coordinaba la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y que coordinó su campaña rumbo al Senado.

 

Llamó la atención el bajísimo perfil con el que se manejó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, al grado que varios dudaban que el de Hueyapan de Ocampo hubiera estado en el evento, porque ni una selfie posteó en sus redes.

 

Otro que no hizo muchos aspavientos fue el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, a quien incluso se le notaba algo incómodo.

 

Y mientras la estructura electoral arropaba a Nahle García, los otros suspirantes prácticamente se mantuvieron agazapados.

 

Tripa

 

Todo parece indicar que derivado de la denuncia pública que hizo Joana Bautista Flores, directora de Administración del Poder Judicial del Estado (PJE), en contra de la diputada local del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, y de José Alberto Velázquez Fajardo, asesor jurídico de la panista, la ira de la diputación local se enfocará en su contra.

 

Después de un polémico desplegado que difundió un grupo de diputadas en apoyo de su camarada oriunda de Comapa, la LXVI Legislatura coincidentemente ha dado entrada a un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales y federales correspondientes (SAT, UIF, ORFIS, INAI, IVAI) a realizar investigaciones a los procesos de licitación y adjudicaciones directas del PJ?

 

Además, solicitan analizar “la justificación de la solicitud de ampliación presupuestal por 500 millones de pesos para aliviar la supuesta crisis financiera que terminó resolviéndose extraordinariamente con 200 millones que se otorgaron durante el pasado ejercicio fiscal”. 

 

Vaya, aunque nada más le faltó al Congreso local pedir el apoyo también a la DEA y al FBI, habría que aplaudir su interés por fiscalizar y transparentar eficazmente el manejo de los recursos del Poder Judicial del Estado.

 

Suadero

 

La deuda de Veracruz al primer trimestre de 22 ascendió a 47 mil 661 millones de pesos, muy por arriba de los dado a conocer por el titular del Poder Ejecutivo y el partido Movimiento Ciudadano (MC) esta semana, de 45 y 40 mil millones de pesos, respectivamente.

 

El Reporte Trimestral sobre la deuda de las entidades federativas y los municipios correspondiente al primer y trimestre de 2022, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con datos de las Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la deuda de estados, municipios y sus entes públicos ascendió a 657,886.3 millones de pesos (mdp), cifra mayor en 4.3 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior e inferior en 1.3 por ciento, respecto del cuarto trimestre de 2021.

 

Según el indicador de Sistema de Alertas 2022 de la SHCP Veracruz tiene semáforo verde por una deuda sostenible, con capacidad de pago y con disponibilidad financiera para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

 

Los datos analizados arrojaron que la deuda al primer trimestre de este año ascendió a 47 mil 661 millones de pesos, lo que significó un endeudamiento por persona de 5 mil 842 pesos y; el monto de la deuda municipal (212 municipios) fue de 2 mil 961 millones de pesos.

 

El análisis detallado de los datos, reveló que al primer trimestre de 2022 la deuda del estado aumentó en 1.3 por ciento, en comparación con el mismo trimestre del año anterior y; creció en 2.6 por ciento en relación con el trimestre anterior.

 

También el 94.8 por ciento del total del financiamiento correspondió al estado y sus entes públicos y, el resto 5.2 por ciento los municipios y sus entes públicos

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