por Iván Peralta
Betabel
De risa… Federico Salomón, quien ostenta la dirigencia estatal del PAN, al parecer está pintado. No ha podido hasta el día de hoy poner en su lugar al diputado Othón Hernandez Candanedo, quien a pesar de tener la atribución de nombrar al coordinador del grupo legislativo, no mete las manos para ungir a Enrique Cambranis.
Es decir, el misanteco sigue siendo un integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), asistiendo a las reuniones y acordando con el grupo de Poder, aún cuando la dirigencia estatal ya notificó al Congreso que “el bueno” es Cambranis Torres.
Y no solo desconoce la autoridad de Salomón, sino que Hernández tampoco tiene reparos en exhibirlo como un blandengue, pues ostenta una posición de privilegio simple y llanamente porque no se le pega la gana ser relevado.
De hecho, a la flota reporteril les ha jugado apuestas a que se mantendrá como coordinador de la bancada de Acción Nacional hasta que culmine su período, pues a pesar de los cambios que se dieron al interior del Comité Estatal, su nombramiento se respetará aunque sus compañeros de bancada lloren y pataleen.
Cuando ha sido cuestionado sobre el divisionismo al interior del blanquiazul, se mofa y sostiene que todo es “amor y paz”.
Y aunque hay quien asegura que en el CDE le están tendiendo la cama para expulsarlo del partido por ésta rebeldía, no deja de ser una pésima señal por falta de autoridad y jerarquías dentro del comité panista.
Salpicón
Las fisuras que ha generado entre los aliados PT y Morena el proceso penal del alcalde electo del municipio de Jesús Carranza, Pasiano Rueda, cada día se tornan más serias. Nadie les ha dicho a los petistas de Xalapa que no habría posibilidad de negociación para liberarlo y permitir que tome posesión en los próximos días.
Y los del PT, acostumbrados al amague, siguen pateando el pesebre. Ayer, secundando al delegado estatal y al diputado Ramón Díaz Ávila, ediles electos de Jesús Carranza y familiares de Rueda Canseco, fijaron una posición respecto a las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros.
Fueron a Acayucan para insistir en que Pasinao sí es un preso político y exigieron nuevamente su liberación.
La síndica única electa, María del Rosario Domínguez Retama, los regidores electos Jorge Alberto RosaldoHernández y Adriana Haro Vargas adelantaron que proseguirán todos los cauces legales y lucharán por la excarcelación del presidente electo, pues lo consideran un hombre inocente que es acusado injustamente.
Si el día 1 de julio no rinde protesta Pasiano Rueda, asumirá el cargo la síndica electa por un periodo de sesenta días, como marca la ley.
Cajeta
Apenas el martes pasado, el diputado Ramón Díaz Ávila, que ni veracruzano es, empezó a atizarle al gobierno desde la tribuna del palacio de la avenida Encanto.
Incluso, presentó ante el Pleno de la LXVI Legislatura un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para que este Congreso exhorte, respetuosamente, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, informe sobre los expedientes de ciudadanos veracruzanos procesados por el delito de ultrajes a la autoridad.
Recordó que desde el pasado 28 de febrero el delito de Ultrajes a la Autoridad fue derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que –consideró- es necesario que la sociedad conozca la situación jurídica de las personas que fueron procesadas por este ilícito.
El diputado, quien ocupa la secretaría de la Comisión Instructora y la vocalía de la Comisión de Vigilancia, externó que si los jueces de control del Poder Judicial siguen sin acatar la determinación de la SCJN caen en desacato de un mandamiento del Máximo Tribunal.
Expuso que en las cárceles de la entidad están recluidos ciudadanos y ciudadanas que, en su momento, fueron imputados o imputadas por el delito de Ultrajes a la Autoridad de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los Jueces otorgaron la prisión preventiva por éste delito, hoy derogado.
Lo anterior, dijo el legislador, ha derivado en una falta de motivación jurídica por parte de los jueces de control y los fiscales, toda vez que la SCJN analizó éste tipo penal a profundidad, concluyendo que debía derogarse.