por Iván Peralta
Cebollines
En la mañanera… durante la sección Cero Impunidad de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, destacó la actuación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz que condujo a la aprehensión del presunto feminicida Marlon N.
Señaló que el cateo en la casa de la abuela del probable responsable, en Mérida, aceleró los trabajos que llevaron a la imputación y medida cautelar de prisión preventiva, además de que ya fue solicitada al juez la vinculación a proceso penal.
El servidor público reconoció también la labor de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por facilitar las labores de localización, lo cual encamina la justicia a la familia de la joven M. B. R., por los hechos ocurridos el 17 de abril de 2021 en la ciudad de Veracruz.
Ayer, por cierto, que le fue ratificada la prisión preventiva oficiosa a Marlon (N), se supo que sus padres perdieron un amparo al acreditarse su participación directa con el hecho y por esta razón continuarán en prisión.
“Es un proceso que también se está llevando en contra de ellos, que va a continuar, donde perdieron el amparo porque hay elementos suficientes para acreditar su ayuda directa en este hecho”, según lo dio a conocer el abogado de la familia de Monserrat Bendimes, Ramar Mendoza.
Caldo largo
La medida cautelar de prisión preventiva contra el ex alcalde de Tihuatlán, Gregorio “N” fue ampliada un año más para responder por delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Hay que recordar que el ex alcalde fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad; sin embargo, una Jueza de Control y Proceso Penal de Tuxpan resolvió ampliar su detención en una cárcel.
Los abogados de Gregorio “N” solicitaron desde el 28 de marzo aplicar en beneficio de su cliente la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.
Esto después de que el 28 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de dicho tipo penal.
Sin embargo, la Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Tuxpan, Angela Peralta Meza, determinó que si bien se le inició carpeta de investigación a Goyo “N” por ultrajes a la autoridad, al exalcalde se le requiere por delitos contra las instituciones de seguridad pública, al existir una reclasificación jurídica promovida por la Fiscalía General del Estado.
En audiencia del 31 de marzo de 2021, Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Tuxpan determinó negar el sobreseimiento de la investigación contra Goyo “N”.
Esto condujo a que la defensa del tihuateco acudiera al Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tuxpan para impugnar la decisión de la jueza Peralta Meza, sin embargo, dicho Tribunal avaló la sentencia.
Es así que la juzgadora Peralta Meza determinó ampliar por un año más la medida de prisión, que entró en vigor desde el 8 de abril.
Gregorio “N” está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 (CPSOAXACA), con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca.
Chamoyadas
Pegan el grito desde el cerro de la silla… el Papo Levet y laConfederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), propondrá a los diputados federales impulsen una adecuación a la Reforma Laboral aprobada en 2019, toda vez que durante su implementación ha presentado diversas incongruencias.
Al celebrar el XIV Congreso Nacional “Reforma Laboral y Sindicalismo Universitario”, los trabajadores universitarios exigieron a los diputados corregir errores y vacíos en materia laboral.
Por ejemplo, expusieron que una vez que se firman los acuerdos con las universidades para pactar el incremento salarial, se tiene que someter a votación de las bases, cuando ya se acordó previamente a la firma de los convenios.
En la actualidad, los Centros de Conciliación están generando una alta burocracia para el trámite de todos los asuntos que tienen que ver con ellos.
Los sindicatos universitarios, que este jueves suman más de 80 de todo el país, no buscan una reforma, sino adecuaciones para que las incongruencias y lo ilógico del proceso jurídico que se plantea, vaya de acuerdo a las necesidades del sindicalismo nacional y universitario.