por Iván Peralta
Chilpaya
Se armó la gorda en la hermana república de Alvarado… el ex alcalde Bogar Ruiz pasó de los dichos a los hechos y finalmente se decidió a denunciar penalmente a la alcaldesa Lizette Alvarez, a su hermana Irasema y a otros funcionarios a quienes señala de haberlo extorsionado por varios meses durante su paso por la alcaldía.
La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en la que también se acusa al tesorero Pedro Domingo Yridin Préstamo y el director de Recursos Humanos del ayuntamiento, Víctor Tapia Ramón.
Hace unos días, en éste espacio consignamos que Bogar Ruiz , en una carta abierta, hizo graves señalamientos en contra de la edil, y que el el tema no era cosa menor cuando la acusaba “con pruebas contundentes”, haber sido extorsionado por las hermanas Lizzette e Irasema Álvarez Vera, durante varios meses.
En la misiva sostiene que en ese lapso le exigían una cuota mensual de 100 mil pesos “y al llegar la campaña, sus exigencias no tenían límites”.
“Me vi obligado a entregarle los ahorros de toda mi vida para terminar con la extorsión. Durante la primer semana de mayo en plena campaña, intenté retirar mi apoyo y en más de 2 ocasiones me llegó a amenazar con sujetos desconocidos no pertenecientes a este municipio, exigiendo que tenía que apoyarla con dinero y votos”.
Sin duda éste tema va para largo y se verá si la alcaldesa, postulada por el Partido Verde, sale airosa o si la aventura política tiene un final abrupto. De película lo que sucede en La Generosa.
Hígado
Con 250 votos a favor, 211 en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la conformación de la Comisión Permanente para El Segundo receso del primer año de la actual legislatura.
Con ello se confirmó que ningún integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano fue considerado, lo que ocurre de nueva cuenta como en el anterior proceso. Con ello quedó terminado el actual periodo ordinario de sesiones.
Por parte de los diputados participarán ocho integrantes de Morena, cuatro del PAN, tres del PRI, dos del PVEM y otros dos del Partido del Trabajo.
Si se cree que la información tiene poca relevancia en Veracruz, es preciso puntualizar que esta fue la última sesión, la del segundo periodo ordinario de sesiones, que el diputado Sergio Gutiérrez, Gutierritos para la banda, ocupó la presidencia de la Mesa Directiva.
Se viene pues un receso y cuando vuelva a instalarse la mesa, el próximo mes de septiembre, la encomienda de la presidencia de la Cámara baja recaerá en el panista Santiago Creel Miranda, en una serie de rebotes de complejaexplicación.
La medida, nos cuentan, fue celebrada por la oposición y hasta por un nutrido grupo de morenistas que ya alucinan al legislador plurinominal.
Horchata
Aguas con eso… Un nuevo golpe contra la libertad de expresión se macera en San Lázaro, pues hay versiones de que los diputados de Morena perfilan avalar una serie de cambios a la ley que significará un límite más a la libertad de los medios y sus audiencias.
Se trata del proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se deroga el párrafo tercero del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se deroga el artículo Segundo Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal De Telecomunicaciones y Radiodifusión” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 De octubre De 2017.
Entre otros cambios, este proyecto considera que los concesionarios de radiodifusión, televisión o audio restringidos deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias.
Hasta ahí, todo bien, pero lo que prevé el cambio a la ley es que estos códigos se deberán ajustar a los lineamientos que emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6o. Y 7o. de la Constitución.
De concretarse la modificación, el IFT tendrá la potestad de decidir qué es lo correctamente ético que puede hacer cada medio y qué no.
Actualmente, la ley establece que los concesionarios “deberán contar con un Código de Ética, que, bajo un principio de autorregulación, tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias enumerados en el presente artículo… El Código de Ética será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o a la revisión previa o posterior del Instituto o de otra autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación o acto similar del mismo Instituto u otra autoridad”.
Es decir, hoy día son los medios quienes generan sus propios códigos de ética, sin más compromiso que el del respeto a sus audiencias y hacia su propio compromiso de conducirse de la mejor manera.