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“El que paga para llegar, llega para robar” es una frase que acuñó Andrés Manuel López Obrador, para describir los excesos del poder. En Orizaba, más que una consigna, es una realidad con la candidatura de Hugo Chahín Kuri.
Su campaña no se sostiene en propuestas ni cercanía ciudadana, sino en una operación costosa, respaldada por recursos públicos municipales, vehículos oficiales, mobiliario del ayuntamiento, personal operativo e incluso patrullas. Una estructura que, lejos de representar un proyecto ciudadano, funciona como inversión política a la espera de rendimientos desde el poder.
A ello se suma la presencia de un grupo externo: “Equipo Querétaro”, financiado por el gobernador de ese estado, Mauricio Kuri González, pariente de Chahín. Este grupo ha participado en reuniones políticas en Orizaba, incluyendo un evento con empresarios y actores del PAN nacional como Roberto Gil Zuarth y Julen Rementería. Es decir, una intervención directa desde otro estado con posibles recursos públicos ajenos a Veracruz.
Quien paga una campaña como esta —donde no hay límite moral ni económico— no lo hace por altruismo. Lo hace porque espera beneficios concretos cuando el candidato esté en el cargo: contratos, concesiones, protección o impunidad. Esa es la esencia del esquema corrupto: el cargo no se gana para servir, sino para cobrar la inversión hecha en votos.
No se puede hablar de democracia cuando el aparato institucional es puesto al servicio de un solo aspirante. Cuando se usa el logotipo del Ayuntamiento, los vehículos oficiales, los programas sociales y hasta el personal operativo para promover una figura. Eso tiene un nombre: fraude anticipado.
Por ello, es imprescindible que la gobernadora de Veracruz se pronuncie con firmeza y evite que un gobernador de otro estado intervenga en el destino de Orizaba, salvo que su interés sea estrictamente familiar.
Además, urge una vigilancia institucional reforzada antes y durante el domingo 1 de junio. No basta con observar urnas; hay que seguir el dinero, identificar operadores, revisar contratos y fiscalizar el uso del aparato municipal, porque si no se hace, los únicos nuevos ricos tras la elección serán los mismos de siempre: los dinosaurios electorales.
En Orizaba, el mensaje es claro:
El que paga para llegar, llega para robar.
Y esta ciudad ya ha pagado demasiado.
