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Redacción / Agencias
El gobierno de Estados Unidos entregó a las autoridades mexicanas al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), revelaron funcionarios del gobierno federal.
La entrega se hizo vía terrestre a través de la frontera San Diego-Tijuana, desde donde fue llevado a las oficinas de FGR para su certificación médica y más tarde fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México.
El año pasado, la FGR ejerció acción penal contra el ex gobernador por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que consignó una averiguación previa y solicitó una orden de aprehensión, pero una jueza federal le ordenó subsanar deficiencias.
Tomás Yarrington estuvo preso en Estados Unidos en la penitenciaría Thomson, en Illinois, donde cumplió sentencia de nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero.
Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 bajo las siglas del PRI, fue arrestado en 2017 en Florencia, Italia, y extraditado a Estados Unidos en 2018.
Ahí se declaró culpable en 2021 de aceptar sobornos millonarios de organizaciones criminales para facilitar sus operaciones mientras ocupaba cargos públicos. Fue sentenciado a nueve años de prisión, pero obtuvo una liberación anticipada en julio de 2024 por razones no especificadas públicamente.
La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado su extradición el 22 de enero de 2024, sin embargo, el 31 del mismo mes, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, determinó devolver el expediente original de la causa penal, para que el Ministerio Público Federal “subsanara deficiencias existentes”.
El caso tiene que ver con una averiguación previa que se inició el 7 de enero de 2009, con motivo de una denuncia presentada en su contra por un testigo protegido que formó parte del cártel del Golfo y que señaló que Tomás Yarrington, en su calidad de gobernador facilitó la comisión de delitos contra la salud y llevó a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia, según la FGR, encontró sustento en lo declarado por diversos testigos protegidos.
A partir, de esto, la representación social realizó el desglose de las actuaciones que integran la indagatoria, formando diversos expedientes, en los que se ejerció acción penal y existen mandamientos de captura por su probable responsabilidad en delitos de lavado de dinero y contra la salud.
