-Giran orden de aprensión por organización criminal para simular operaciones y contratos públicos entre empresas y la Secretaría de Gobernación (Segob)
-Están involucrados ex funcionarios; hay 3 detenidos en centros de reclusión federal
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, además de otras siete personas, implicadas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia federal detalló que tres de los implicados ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal y que se giró una ficha roja para detener a los otros cuatro, incluida la conductora y su esposo.
«En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional», señaló la FGR en un comunicado.
Cabe señalar que Inés Gómez Mont y su esposo,Víctor Manuel Álvarez Puga, tienen órdenes de arresto emitidas desde septiembre de 2021, además de fichas internacionales de búsqueda ante la Interpol.
La FGR informó el esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas con el que diversos ex funcionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío de más de 2 mil millones de pesos.
La investigación de la FGR inició desde noviembre de 2019 en contra de Álvarez Puga, Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas supuestamente involucradas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, detalló la Fiscalía.
Según la FGR, la organización principal estaba a cargo de Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, quienes trabajaban con supuestos representantes de empresas.
“Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
“El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”, señaló la FGR.
La Fiscalía indicó que cada grupo se coordinaba con los otros para realizar los delitos que se persiguen.
Como parte de estos ilícitos, una de las empresas investigadas, representada por Héctor “Z”, recibió más de dos mil 500 millones de pesos.
Mientras que la indagatoria señala como contratos irregulares centrales dos con los Centros Federales de Readaptación Social por dos mil 950 millones de pesos.
Uno de los implicados en la investigación, Gabriel “M”, quien figuraba como accionista de una de las empresas, vendió sus acciones antes del inicio de las operacines delictivas.
A pesar de ello, la FGR indicó que el caso de esa empresa se seguirá investigando.