por Iván Peralta
Habas
Nos hacen el fuchi… en prácticamente las principales ciudades del país se han desencadenado protestas desde el lunes por parte de trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante el traslado de empleados a su nueva sede, aquí en el puerto de Veracruz.
La mayoría de quienes tienen una base sindical se rehusan a trasladar su lugar de residencia al puerto jarocho y quienes han dejado abierta la posibilidad de mudarse se quejan de la falta de apoyo para el traslado.
Ésta mudanza, atorada desde hace un par de años, forma parte de la serie de cambios de sede que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca sacar de la Ciudad de México las oficinas centrales de varias dependencias federales.
Las manifestaciones de inconformidad se dan en ciudades como Puebla, Mérida, Zacatecas, y muchas otras donde existen oficinas de la dependencia.
A la negativa de venir al puerto, se suman también exigencias sindicales de respeto absoluto a nuestras condiciones generales de trabajo, equipos especializados para quienes realizan trabájanos riesgosos en presas y otras instalaciones.
Ante la protesta de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat (SNTSemarnat), la Conagua señaló que ha llamado a la dirigencia sindical a privilegiar el diálogo como instrumento para la solución de las diferencias y que ha mantenido los canales de comunicación abiertos para atender todas las inquietudes de los agremiados.
Tinga
Donde si cambiaron la sede fue en la Legislatura, pero para el tema de las comparecencias de los titulares de los órganos autónomos que se llevarán a cabo la próxima semana, pues el asunto de los contagios de Covid-19 en el palacio de la avenida Encanto, son cosa seria.
Ayer, durante la sesión ordinaria se decidió que las comparecencias se realicen nuevamente en el salón de plenos, tal y como ocurrió el año pasado cuando igualmente los contagios estaban a la alza.
De hecho la sesión de éste martes fue virtual, pero hubo -además del cambio logístico de las comparecencias- iniciativas harto interesantes. La diputada jarocha Anilú Ingram Vallines aportó la más importante de las presentadas durante la jornada.
Se trata de una iniciativa para reformar el código electoral y notoriamente más enfocada a erradicar la violencia contra las mujercita que participan en política, pues en la fría numeralia tras el proceso electoral pasado, les fue francamente muy mal.
Y vaya que tocó fibras sensibles con el tema; legisladores de otras corrientes se adhirieron a la iniciativa como fue el caso de las diputadas Ruth Callejas Roldán, Citlali Medellín Careaga, Itzel Yescas Valdivia, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Verónica Pulido Herrera y Maribel Ramírez Topete, así como los diputados Jaime Enrique de la Garza Martínez y Othón Hernández Candanedo.
Al presentarla, Anilú Ingram presentó cifras de la organización “Observatoria Ciudadana Todas Mx”, que enlistó 35 asesinatos de candidatos, de los que 21 eran mujeres, es decir, el 60 por ciento de esos crímenes; además, alertaron que, del total de candidatos y aspirantes a un puesto de elección popular, más de 100 hombres tenían denuncias por violencia sexual, familiar o eran deudores de pensión.
En el caso específico de Veracruz, la misma organización reportó que existieron 152 delitos contra personas políticas, es decir se elevaron los casos en 280 por ciento , el más alto a nivel nacional.
Para cambiar esa realidad, se propone la obligación del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de la instalación de una Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación; además de contar con una conceptualización de la violencia política contra en razón de género homologada a la establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, estipula que quienes aspiren a puestos de elección popular NO cuenten con antecedentes de violencia política; esto es fundamental para evitar que violentadores sean diputados, alcaldes o gobernadores; además que considera lo referente a la declaratoria “3 de 3 contra la violencia de género”.
Chongos
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtuvo de un juez federal una suspensión provisional, luego de promover un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión, comparecencia, localización y presentación que algún juez de control federal haya librado en su contra.
José Antonio Medina Gaona, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió la demanda del ex mandatario veracruzano quien se encuentra preso en el reclusorio Norte por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Para que la medida cautelar se mantenga vigente, Duarte de Ochoa tendrá que pagar una garantía de 81 mil pesos en un plazo de cinco días.
El impartidor de justicia aclaró que la suspensión provisional no impide que el ex funcionario sea privado de su libertad en caso de que se le imputen delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
La demanda de garantías que interpuso Duarte de Ocho el pasado 13 de enero, se trata de un “amparo buscador para saber si algún juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, así como otras autoridades, han girado alguna orden de captura en su contra, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).