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2 julio, 2022
Opinion

RECETARIO

por Iván Peralta

 

Nueve de Limón 

 

Indignación, por decir lo menos… Este lunes fue difundido un video en el que aparece Marlon “N”, señalado por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, ocurrido el 17 de abril de 2021. 

 

En el video, Marlon señala que lo ocurrido esa noche no se trató de un crimen sino de “un accidente”, y negó la versión de la Fiscalía General de Veracruz. 

 

Marlon aparece en el video con barba, bigote y pelo largo, y asegura que “lo que la Fiscalía señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dices en redes o en el expediente”. 

 

La investigación indica que los padres trasladaron a Montserrat a un hospital luego de la agresión para no dar parte a las autoridades y esa misma noche toda la familia huyó.

 

Marlon advierte que él debe enfrentar a la justicia es él y pidió la liberación de sus padres para tener “un juicio justo”. “Soy yo el que debe rendir cuentas ante la autoridad que me solicita, la libertad de mis padres permitirá llevar un juicio justo en el que se podrá explicar qué fue lo que pasó en realidad”.

 

Como era de esperarse y porque no podría ser de otra manera, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, emitió un posicionamiento tras la difusión del video que circula en redes sociales y medios de comunicación.

 

La procuración de justicia no se negocia, ni se litiga en medios. La orden de aprehensión en contra de Marlon “N” por el presunto delito de feminicidio en agravio de Montserrat Bendimes Roldán sigue vigente y los trabajos de investigación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia tienen un avance significativo.

 

“En este caso, como en todos aquellos en los que se atenta contra una mujer, no habrá impunidad. Reitero, no negociaremos la procuración de justicia”.

 

Chilpaya

 

Quien también externó su indignación por el video y quien desde hace meses ha puesto el dedo en el renglón para modificar el código penal y sancionar a quien ayude a presuntos delincuentes a evadir la justicia (como se presume ocurrió en el caso de la familia Botas), fue la diputada Anilú Ingram.

 

La coordinadora del PRI en el Congreso local habló de la Iniciativa Monse que presentará en los próximos días; luegode un año y contando del homicidio de la joven Monserrat Bendimes, en el Congreso local se analizará lo que han llamado la Ley Monse, pues hay que recordar que en éste caso, en el que le autor material Marlon Botas se encuentra prófugo de la justicia, fueron sus padres quienes lo ayudaron a evadir a las autoridades y por ello ambos están presos.

 

La diputada Anilú Ingram presentará esta iniciativa, y la lógica indica que no tendría ningún detractor al proyecto, pues ninguno de los 50 diputados se aventaría el trompo de no ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres.

 

La propuesta está encaminada a castigar éste tipo de casos. El artículo 345 del Código Penal establece que “no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o a los objetos, instrumentos del mismo o impida que se averigüe cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee por un medio delictuoso, siempre que se trate de dependientes consanguíneos afines o por adopción, cónyuge o concubina”.

 

Niño envuelto 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes la reserva por cinco años por razones de seguridad nacional de la información de los contratos de compra de las vacunas contra la Covid-19 celebrados entre el gobierno federal y los laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino y Sputnik.

 

Los ministros resolvieron así el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 6/2021 promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) emitida luego de que un particular solicitó a la Secretaría de Salud la información de los contratos de las vacunas.

 

El proyecto a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo modificó a resolución del pleno del Inai de 19 de mayo de 2021 que reservó por dos años la información relativa al precio al que el gobierno compró los biológicos contra la Covid para la campaña de vacunación a los diferentes laboratorios.

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