-Emite recomendación al Gobierno de Veracruz por 6 jóvenes detenidos ilegalmente y procesados por la Fiscalía cuando no atacaron a policías
-Senador Ricardo Monreal los defendió; la CNDH recomienda al Gobernador proceder penalmente contra servidores públicos y derogar el delito de ultrajes a la autoridad
Los seis jóvenes detenidos por ultrajes a la autoridad el pasado 3 de septiembre en la ciudad de Xalapa fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) e imputados indebidamente por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación 146/2021.
En la Recomendación, dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el organismo nacional señala que los jóvenes fueron detenidos sin que hubieran cometido delito alguno, pues recabó evidencias suficientes para determinar que éstos en ningún momento atacaron a los policías aprehensores con cuchillos, como sostuvieron para justificar su detención, sino que se encontraban en una plaza comercial cuando fueron privados de su libertad sin que existiera orden de aprehensión, flagrancia o caso urgente.
la CNDH determinó que la Fiscalía General del Estado vulneró el derecho humano de acceso a la justicia en perjuicio de los jóvenes, pues a pesar de que lo manifestado por los elementos de la SSP resultaba notoriamente falso, valoró indebidamente las pruebas existentes y les imputó de manera indebida el delito de ultrajes a la autoridad, señalando que los servidores públicos de la Fiscalía existió una falta de compromiso con la cultura de la legalidad.
Como consecuencia de su detención ilegal e imputación indebida, los jóvenes permanecieron más de tres meses en prisión preventiva oficiosa, luego de que un Juez de Control determinara vincularlos a proceso. Posteriormente, el pasado 15 de diciembre del año en curso, el Juzgado Segundo de Distrito les concedió un amparo que ordenó su inmediata libertad, al no existir pruebas que los vincularan al delito de ultrajes a la autoridad, por lo que el 18 de diciembre abandonaron el Penal de Pacho Viejo, en donde habían estado recluidos.
En los resolutivos, la CNDH recomienda que se proceda penalmente en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos. Asimismo, solicitan al Gobernador del Estado que envíe una iniciativa al Congreso del Estado para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, contenido en el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, con la finalidad de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.
El caso fue exhibido a nivel nacional por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien exigió en diversas ocasiones la liberación de los jóvenes, incluso visitar el penal de Pacho Viejo, para denunciar que se había cometido una ilegalidad.